Entre la corrupción y el abuso de poder

Por: Juan Roa De Ávila

La actividad política, su fin último y la forma de ejercerla como servicio social, es un asunto no menor que en nuestro país sigue generando grandes polémicas.

No cabe duda que entre el común de las gentes ha sido difícil pasar la página y erradicar el pensamiento de que ser político o formar parte de la administración pública, sobre todo en cargos de factible relevancia en el Estado, es sinónimo de corrupción y abuso de poder.

Es claro que desde la política una sola persona goza de la capacidad de decidir para bien o para perjuicio de una comunidad. De muchas decisiones de un solo funcionario, independientemente del cargo que ostente, depende el futuro e incluso la calidad de vida de los ciudadanos en las regiones y los países.

Precisamente tener la posición privilegiada de guiar, orientar y muchas veces de ejecutar grandes cantidades de recursos aviva en algunos funcionarios públicos el sentido de mantener y extender su poder hasta el punto de defenderlo al precio que cueste. No en vano cada gobierno de turno siempre está avizorando la malsana costumbre de reelegirse por el tiempo que sea necesario, atropellando o no las Constituciones, todo con tal de usufructuar su sed de poder y prolongar el siempre cómodo acto de mandar.

Y es justamente en ese punto de giro cuando ejercer poder pasa ahora a convertirse en malas prácticas muy alejadas de la ética, que en la mayoría de las veces –o sino en todas– se traduce en claros abrebocas para la configuración de hechos de corrupción que luego terminan por fracturar las débiles democracias de la que somos partícipes en Latinoamérica, tan solo por traerla a nuestro escenario.

La simple acción de abusar del poder, sobre todo si va en contra de la ciudadanía para defenderlo, de entrada constituye un acto de corrupción. Y para la muestra es proclive el escenario venezolano, donde ha sido recurrente el uso de la fuerza desmedida de Nicolás Maduro para mantener a sangre y fuego un gobierno con pruebas irrefutables de detrimento en la ejecución de sus políticas, mismas que hoy lo tienen sumido en una grave crisis social que ha motivado el éxodo de millones de sus conciudadanos hacia otros países y de paso la autoproclamación de un presidente.

Pero abusar del poder político no solo puede materializarse a través de la fuerza, sino a través de la capacidad de muchas personas que mostrándose como idóneas en altos cargos mueven sus fichas para beneficio propio o un selecto grupo político, y ahora, lo que en principio era un acto corrupción, transgrede la barrera y termina por empañar la confianza en las instituciones. El caso es pan de cada día en las grandes concesiones, licitaciones, en la implementación de justicia, la compra de votos y en temas tan sensibles como la tergiversación de recursos para la alimentación escolar en Colombia, que hoy le dan fuerza a condenas de figuras que llegaron a las altas esferas del Estado como Alejandro Lyons, Aida Merlano, Andrés Felipe Arias y el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por nombrar sólo algunos de la interminable lista.

Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, condenado a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La situación salpica a las altas Cortes, la Policía, el Congreso de la República, y hasta instituciones que otrora gozaban de un gran prestigio como el Ejército Nacional, en la cuerda floja hoy por cuenta de denuncias públicas sobre la supuesta configuración de falsos positivos que precipitaron la salida del general Nicacio Martínez, así el presidente Duque le ofreciera al país otras razones.

Ninguna sale bien librada y basta solo con hacer un paneo por los medios y constatar que son todas estas instituciones blanco de abuso de poder en la política, amarrada fielmente a la corrupción y, de paso, víctimas de un reducido grupo que termina por descarrilar el objetivo último para lo cual fueron concebidas: servir a la comunidad y mantener la democracia descansando en el equilibrio de poderes.

No es secreto para nadie la ola de repudio que hoy convulsiona al país y el auge de los casos de corrupción como los ya mencionados, pues lo preocupante es que en la mayoría de los casos esta ya ha permeado a todos los estamentos sociales y personas con los más altos niveles de preparación, son las que paradójicamente terminan siendo los cerebros de los desfalcos más grandes en las altas esferas del Estado. En últimas, ladrones de cuello blanco escondidos detrás de un escritorio y camuflados en falsos diplomas.

El llamado entonces es a que desde la sociedad civil y las autoridades competentes se establezcan mecanismos para prevenir, castigar y sancionar este delito que enriquece a unos pocos y mantiene en rezago a miles de personas, pues no en vano fue recibida con beneplácito la noticia sobre la eliminación que el legislativo le dio a la casa por cárcel para los corruptos, que desde el otro lado de la barrera resulta ser un gran aliciente, o mejor, el primer paso para empezar a combatirla.