Por Juan Roa De Ávila
Alexandra –a quien llamaremos así para reservar su identidad- tiene
45 años y hasta hace poco comprometió el voto. Por más de 20 años ha vivido en
el municipio de Soledad, pero por amistad y otros intereses un allegado a la
campaña de un candidato al Concejo de Barranquilla le pidió inscribir su cédula
al norte de la capital atlanticense. Ella aceptó y zonificó.
Más inconsciente que otra cosa, a Alexandra se ha sumado al
llamado “trasteo de votos”. O mejor, en términos legales, al delito de trashumancia
electoral, el cual emerge la acción de inscribirse para sufragar en un lugar
distinto a aquel que se reside.
Si bien se entiende que con la inscripción el votante declara bajo
gravedad de juramento residir en el municipio, la situación ha desbordado todo
pronóstico. En medio de un confuso ambiente de publicidad extemporánea, avales polémicos
y alianzas discutidas algunos políticos de turno buscan su oportunidad para
sacar ventaja electoral.
Recientemente la Misión de Observación Electoral (MOE) basada en
datos de la Registraduría Nacional apuntó a los departamentos del Atlántico,
Sucre y La Guajira, donde las altas tasas de inscripción de cédulas en poblaciones
como Campo de la Cruz, Colosó y Albania, respectivamente, superan en cifras a
la media nacional de inscripciones (26.24 inscritos por cada mil habitantes)
con miras a las elecciones locales que se llevarán a cabo el próximo 25 de
octubre.
En el caso específico de Campo de la Cruz, municipio que sufrió
las inclemencias invernales de las inundaciones de 2010, la situación es alarmante. Con un 66% más de
inscritos que en 2011 ocupa los primeros lugares en la lista de poblaciones con
mayor variación en el número de cédulas zonificadas, habida cuenta que hasta el
6 de julio pasado tenía 830 inscritas mientras que para la misma fecha de las
locales anteriores registraba 530. Prueba de la irregularidad es que su conteo
electoral supera al número de habitantes, tal y como sucedió en las
presidenciales pasadas, donde se presagiaban 19.057 potenciales electores y según
el censo DANE de 2005 sus pobladores no superaban los 16.500, dando paso a cifras
contradictorias.
El tema ha trascendido al escenario nacional despertando la
sospecha del Consejo Nacional Electoral (CNE) porque resulta agravante que situación
similar se repite en Colosó (Sucre), donde además de llevar el penoso récord de
tener más votantes que habitantes se han presentado alteraciones de orden
público. Su censo electoral de 6.486 supera al poblacional de 5.878, que
corresponde a más del 85.13% de aumento con respecto al promedio nacional.
A la situación se suman las declaraciones de la Directora nacional
de la MOE, Alejandra Barrios, quien adujo que el fenómeno se debe a que “tenemos
es un sistema político precario y cerrado, donde no hay elección objetiva ni democrática
de candidatos. El poder pertenece a unas familias que reparten los cargos”.
Así mismo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, salió a
la luz pública y dijo estar analizando la situación con el acompañamiento del CNE.
“Hemos encontrado irregularidades en varios departamentos de la Costa Atlántica
y vamos a poner la lupa”, aseguró.
Ahora bien, el hecho de que una ciudadana como ´Alexandra´ prefiera
votar en otra municipalidad distinta a la suya por motivos meramente económicos
constituye un hecho de inconsciencia política, un espaldarazo y desinterés
brusco hacia los miembros de un Estado que quiera o no van a decidir por ella
durante 4 largos años. Es decir, en adelante su voz de reclamo será nula ante
el ejercicio de políticas que puedan afectar su vida y estará involucrada en
las medidas de un poder que ella no legitimó.
El caso de Soledad
La situación se extiende a Soledad, que es referente nacional
en materia de corrupción. Durante años sus gobernantes han pasado sin pena ni gloria y hoy por
hoy -en comparación con Barranquilla donde la disputan 2- 11 candidatos compiten afanosamente por la
Alcaldía. Resulta misterioso el desmedido interés que despierta ser la máxima autoridad de una municipalidad con el mayor crecimiento de población e inversión en Colombia, siendo la novena a nivel nacional y la tercera de la
región Caribe, inclusive por encima de ciudades como Santa Marta, Sincelejo y
Valledupar.
El crecimiento exponencial del mototaxismo, el desempleo y las
escasas oportunidades educativas se mezclan con la captura de tres personas que, según la Fiscalía, trasladaban a ciudadanos hacia el vecino municipio de Santa
Lucía a pesar de no tener ningún vínculo. Así, se trata de una falta de doble
vía que implica tanto al que trastea como al que da veracidad de su
inscripción.
En el papel, cualquier democracia seria reconoce el pluralismo
ideológico sin que eso garantice la excepción de no verse afectado por la
elección del otro. Para un ciudadano de a pie, crítico de lo que realmente
significa el término Estado, puede resultarle desalentadora la acción de
desmedido clientelismo que Alexandra ha hecho por 25 mil pesos, y es
precisamente allí donde entra el accionar de los contrastes que flotan sobre
las huestes de la inequidad.
Por lo pronto, Alexandra, madre cabeza de hogar, recibirá la otra
parte de su venta (en total 50 mil) cuando en la mañana del próximo 25 de
octubre un bus la transporte desde su casa con la intención de que marque por un nombre,
partido y número que tiene hasta un poco más de dos meses para memorizarlos, si por lo menos no conoce las propuestas.
Pero detrás de ella hay cientos de casos más que la
institucionalidad no alcanza a acaparar. Puede que de aquí a ese día por su mente pase desapercibido la realidad
de la que habla el artículo 389 del Código Penal, el cual castiga con pena de 4
a 9 años de prisión el acto delictivo de trashumancia. Pero, ¿y qué nos queda? Bueno,
en parte aceptar que esa es nuestra maquillada democracia.
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